Miles de bebés nacen cada año en la Argentina y el mundo como resultado del avance constante en las técnicas de reproducción asistida.
Sin embargo, junto con la solución a este problema surgen otras problemáticas legales que requieren ser abordadas, entendidas y reguladas. En la actualidad, existe un proyecto de ley sobre Medicina Reproductiva en la Cámara de Diputados, en espera de su análisis final por parte de la Comisión de Salud de dicho recinto, y que apunta a modificar la Ley de Salud Reproductiva 25.673.
Este plan, fue presentado durante 2008 e involucra los aspectos sociales, biológicos y culturales sobre el tema, teniendo como uno de sus parámetros centrales, el hecho de que la infertilidad sea considerada una enfermedad.
A raíz de ello, tal como sucede con la ley de obesidad, de la que tanto se ha hablado en este último tiempo, la de reproducción asistida implicaría grandes gastos a las obras sociales, prepagas y mutuales.
‘El acalorado debate que se suscitó en Diputados por el tratamiento de la ley de reproducción asistida no describe ni prioriza la situación de los profesionales y las parejas quienes, al fin y al cabo, son los más involucrados‘, coinciden en afirmar algunos expertos.
La problemática de una ley de reproducción asistida es mucho más compleja y la discusión no debe circunscribirse al plano meramente económico, afirmó Sergio Pascualini, médico ginecólogo especialista en fertilidad.
Según distintos estudios, en el país y en América latina, entre un 15 y un 20 por ciento de personas que están en edad reproductiva tienen serias dificultades para procrear.
‘La gran mayoría de los parejas accede a los tratamientos de fertilidad luego de enormes esfuerzos de su parte y otros no menores de las clínicas y médicos que hacen posible el financiamiento de esos procedimientos a pesar de la dura situación económica que atravesamos‘, sostuvo Pascualini.
En ese sentido, remarcó que la posibilidad de acceder a través de cobertura social a intervenciones de este tipo ‘hace la diferencia de acceso o no para buena parte de la población‘.
En la actualidad, legalmente, no está contemplado en el PMO (Programa Médico Obligatorio) y por lo tanto no hay obligatoriedad ni para el Estado de proveer de esos servicios de forma gratuita y extendida ni para las obras sociales y prepagas de tenerlo dentro de sus prestaciones básicas.
Sin embargo, advierte, cualquier debate sobre reproducción asistida debería incluir el derecho a la privacidad; la libertad para procrear; la justicia social; la salud y el bienestar de las mujeres y los niños.
De igual forma debería contemplar la igualdad entre los sexos; en las oportunidades de acceso a la paternidad; acceso equitativo a la salud; respeto por las decisiones morales y personales; observancia de las diversidades genéticas y biológicas; y políticas no restrictivas basadas en la evidencia científica, considera Pascualini, director del Centro Helitus.
‘Una vez más, la medicina debería estar a disposición de todos y al encarar el debate sobre una ley deberíamos respondernos una serie de preguntas básicas‘, sentencia el ginecólogo.
Y citó como ejemplo, a modo de respuestas, varios interrogantes: ¿Es la falta de una cobertura amplia una forma de discriminación sobre personas infértiles? ¿Estarían los mejores intereses de la sociedad siendo observados con la introducción de la infertilidad dentro del PMO?
Discutir la infertilidad y la posibilidad del acceso a través de la seguridad social casi exclusivamente para la mujer, ¿no es una forma de discriminación basada en el género? ‘Una ley no restrictiva debe garantizar los derechos reproductivos y las libertades individuales.
Hay proyectos en danza que contienen conceptos erróneos, omisiones importantes y, lo que es peor, son profundamente restrictivos.
Con una ley restrictiva, para las parejas infértiles la paternidad va a estar prácticamente vedada‘, afirmó por su parte Isabel de Rolando, presidenta de la asociación de pacientes Concebir durante una mesa redonda realizada en Diputados.
A su vez, el especialista Claudio Chillik, presidente de la Asociación Latinoamericana de Medicina Reproductiva (ALMER), sostuvo que la Argentina ‘es uno de los países que más ha desarrollado las técnicas de reproducción asistida en Latinoamérica‘, pero subrayó que ‘algunos proyectos proponen legislar temas de estricto criterio médico, limitando el número de embriones a transferir o prohibiendo la criopreservación, lo que va en desmedro de las chances para concretar la concepción‘.
‘Estas técnicas de reproducción asistida se realizan desde hace 25 años y se hacen en forma exitosa en el país, pero hace falta un marco regulatorio que defienda los intereses de las parejas permitiéndoles acceder a las técnicas con la mejor posibilidad de éxito‘, añadió el especialista.
Fuente: Diario Norte
